De confirmarse el nombramiento de Amy Coney Barret por vez primera en 30 años los jueces propuestos por republicanos alcanzarían los dos tercios del Tribunal Supremo de los EE.UU. Es muy probable que se mantenga fiel a sus principios y no sea de las que se aventuren a efectuar interpretaciones “creativas”, sino que persevere en los criterios del originalismo. Esto último es, quizá, lo que más preocupa a sus detractores. Porque en muchos casos el camino de la reforma constitucional se transita no de forma expresa, sino a través de atajos mediante una interpretación forzada de textos legales. Y seguramente el rechazo de Barret a esa vía sea lo que tanta oposición ha despertado.
El pasado jueves 1 de octubre el diario 'El País' informaba en su portada de que el Gobierno estaba considerando cambiar la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial con el fin de eliminar la mayoría de 3/5 del Congreso y el Senado para la elección de sus 20 vocales y requerir solo la mayoría absoluta para elegir a las 12 vocalías reservadas a jueces y magistrados.Pocas veces se ha explicado con tanto detalle la desfachatez antidemocrática de un Gobierno, su voluntad de no pararse en barras para asegurar que el Consejo del Poder Judicial haga lo que el Gobierno quiere y acabar con eso de que conservadores y progresistas se pongan de acuerdo en la designación de candidatos. El desprecio al mínimo respeto a las instituciones y, por supuesto, a lo que representa la...
Ha caído sobre Madrid, en forma de estado de alarma, la pataleta autoritaria de un narcisista, irritado por un fallo judicial que el jueves pasado dejó en evidencia la insólita chapuza jurídica del Gobierno que preside y cegado por su obsesiva animosidad contra esta Comunidad Autónoma y su capital, que es la de España.
Se les ha dicho por activa y por pasiva. La oposición puso sus escaños en el Congreso y el Senado a disposición para asegurar un rápido procedimiento parlamentario de lo que proponía como un plan B jurídico que permitiera instrumentos legales más adecuados y flexibles para hacer frente a la pandemia sin tener que acudir al extremo del estado de alarma. La vicepresidenta Carmen Calvo, muleta en mano para torear al Congreso, dijo que el Gobierno se pondría a ello y Ciudadanos debió creérselo porque justificó su apoyo al Gobierno en las últimas prórrogas del estado de alarma en que, efectivamente, habría plan B. Nada de eso.
El indulto de los políticos presos condenados por sedición y malversación y una reforma del Código Penal pro reo servirá al Gobierno y a los secesionistas. Al Gobierno para vender la idea de reconciliación. Pero que nadie espere milagros de un secesionismo catalán que seguirá considerándose inocente, culpabilizando al Estado, y exigiendo la amnistía y la autodeterminación. Un secesionismo que, a partir de ahora, sabrá que cualquier nuevo intento de romper el orden constitucional le saldrá a buen precio. El indulto y la reforma del Código Penal son, ambas cuestiones, una manera de blanquear y legitimar el secesionismo.
Los derechos de propiedad sobre los recursos pesqueros
Multiculturalismo y derechos humanos en Europa
10.15.2020. De confirmarse el nombramiento de Amy Coney Barret por vez primera en 30 años los jueces propuestos por republicanos alcanzarían los dos tercios del Tribunal Supremo de los EE.UU. Es muy probable que se mantenga fiel a sus principios y no sea de las que se aventuren a efectuar interpretaciones “creativas”, sino que persevere en los criterios del originalismo. Esto último es, quizá, lo que más preocupa a sus detractores. Porque en muchos casos el camino de la reforma constitucional se transita no de forma expresa, sino a través de atajos mediante una interpretación forzada de textos legales. Y seguramente el rechazo de Barret a esa vía sea lo que tanta oposición ha despertado.
10.14.2020. El pasado jueves 1 de octubre el diario 'El País' informaba en su portada de que el Gobierno estaba considerando cambiar la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial con el fin de eliminar la mayoría de 3/5 del Congreso y el Senado para la elección de sus 20 vocales y requerir solo la mayoría absoluta para elegir a las 12 vocalías reservadas a jueces y magistrados.Pocas veces se ha explicado con tanto detalle la desfachatez antidemocrática de un Gobierno, su voluntad de no pararse en barras para asegurar que el Consejo del Poder Judicial haga lo que el Gobierno quiere y acabar con eso de que conservadores y progresistas se pongan de acuerdo en la designación de candidatos. El desprecio al mínimo respeto a las instituciones y, por supuesto, a lo que representa la...
10.13.2020. Ha caído sobre Madrid, en forma de estado de alarma, la pataleta autoritaria de un narcisista, irritado por un fallo judicial que el jueves pasado dejó en evidencia la insólita chapuza jurídica del Gobierno que preside y cegado por su obsesiva animosidad contra esta Comunidad Autónoma y su capital, que es la de España.
10.09.2020. Se les ha dicho por activa y por pasiva. La oposición puso sus escaños en el Congreso y el Senado a disposición para asegurar un rápido procedimiento parlamentario de lo que proponía como un plan B jurídico que permitiera instrumentos legales más adecuados y flexibles para hacer frente a la pandemia sin tener que acudir al extremo del estado de alarma. La vicepresidenta Carmen Calvo, muleta en mano para torear al Congreso, dijo que el Gobierno se pondría a ello y Ciudadanos debió creérselo porque justificó su apoyo al Gobierno en las últimas prórrogas del estado de alarma en que, efectivamente, habría plan B. Nada de eso.
10.01.2020. El indulto de los políticos presos condenados por sedición y malversación y una reforma del Código Penal pro reo servirá al Gobierno y a los secesionistas. Al Gobierno para vender la idea de reconciliación. Pero que nadie espere milagros de un secesionismo catalán que seguirá considerándose inocente, culpabilizando al Estado, y exigiendo la amnistía y la autodeterminación. Un secesionismo que, a partir de ahora, sabrá que cualquier nuevo intento de romper el orden constitucional le saldrá a buen precio. El indulto y la reforma del Código Penal son, ambas cuestiones, una manera de blanquear y legitimar el secesionismo.
01.01.1996. Los derechos de propiedad sobre los recursos pesqueros
