Ha caído sobre Madrid, en forma de estado de alarma, la pataleta autoritaria de un narcisista, irritado por un fallo judicial que el jueves pasado dejó en evidencia la insólita chapuza jurídica del Gobierno que preside y cegado por su obsesiva animosidad contra esta Comunidad Autónoma y su capital, que es la de España.

Estas jornadas organizadas por FAES han perseguido ofrecer una visión sobre el futuro de Europa y el papel que en este futuro debería tener España desde el punto de vista de centroderecha político. Con el fin de fomentar el pensamiento crítico, la reflexión y el debate en torno al continente europeo, las sesiones han abordado cuatro de los mayores retos de la Unión: la UE como actor global; la política común de migraciones y asilo; la agenda digital y la transición ecológica.

El expresidente del Gobierno y presidente de FAES, José María Aznar, ha asegurado esta mañana que ‘España es un Estado en regresión con unas tendencias hacia el populismo y el autoritarismo extraordinariamente preocupantes”. Aznar, que ha participado en el evento virtual Nueva Economía Fórum, cree que vivimos un proceso de vuelta atrás.

La economía digital está cambiando todos los paradigmas económicos y haprovocado la obsolescencia de los conceptos y normas sobre los que hastaahora se sustentaba la fiscalidad internacional. Este es un asunto de máximaactualidad. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, puso elacento, en su discurso sobre el Estado de la Unión pronunciado el pasado 16 deseptiembre, en el futuro de la política tributaria en la era digital. Un asunto que,por otro lado, no resulta pacífico: existe un amplio consenso sobre la necesidadde adaptar las normas tributarias por las que nos regimos al hecho digital, perono está tan claro cómo debemos hacerlo, si a nivel multilateral, bajo los auspiciosde organismos internacionales como la OCDE, o a nivel nacional, como ya ha...

A lo largo de más de dos décadas, Madrid –capital y comunidad– ha consolidado una realidad política, económica, social y cultural que exaspera por igual a la izquierda y a los nacionalistas. A estos últimos porque Madrid ha emergido hacia una posición de vanguardia cuando creían que el Estado autonómico haría de Madrid la perdedora del proceso de descentralización política. A la izquierda le exaspera que Madrid se haya resistido a sus periódicos acosos, que haya demostrado los beneficios de una fiscalidad moderada, una actitud favorable al emprendimiento, un entorno libre de imposiciones identitarias que atrae talento y dinamismo empresarial y cultural.

Está a punto de terminar una legislatura muy negativa para España. También para su Política Exterior. El Gobierno ha puesto irresponsablemente en riesgo los acuerdos básicos que han fundamentado los mejores 30 años de nuestra Historia reciente y ha quebrado el rumbo de la Política Exterior de España. Hay una razón de fondo: Zapatero no tiene una idea clara de España. Cuando afirmó en el Senado que “la Nación es un concepto discutido y discutible” descubrió esa rotunda carencia. Si no se tiene clara la idea de la Nación a la que se sirve es imposible desarrollar una Política Exterior coherente. El núcleo de cualquier Política Exterior es la defensa de los intereses nacionales. Cuando no se cree en la Nación es imposible definir sus intereses y, por tanto, defenderlos. Las relaciones exteriores deben ser tan sólo un instrumento al servicio de la Política Exterior. El dúo Zapatero-Moratinos ha sustituido la defensa de los intereses de España por la diplomacia de la sonrisa.

El Impuesto sobre el Patrimonio es una figura impositiva obsoleta, desterrada de los sistemas tributarios del mundo desarrollado, pero que subsiste anacrónicamente en España. Este impuesto desincentiva el ahorro al imponer una doble tributación a las rentas ahorradas. Quien obtiene una renta paga el IRPF; si ahorra una parte de la renta, esta renta ahorrada tributa de nuevo cada año a través del Impuesto sobre el Patrimonio. El desincentivo a ahorrar es evidente y preocupante en un país con un déficit de ahorro neto del 10% del PIB. El Impuesto sobre el Patrimonio es también contrario a la equidad, porque recae esencialmente sobre los ciudadanos de rentas medias. Los titulares de grandes patrimonios disponen de instrumentos legales que permiten eludir el Impuesto sobre el Patrimonio, instrumentos que han sido además incentivados fiscalmente por el actual Ejecutivo. Finalmente, el impuesto es contrario a la eficiencia: castiga el fruto del esfuerzo laboral y empresarial, haciendo menos atractivo trabajar, ahorrar y asumir riesgos. La pervivencia en España del Impuesto sobre el Patrimonio, que se introdujo en el año 1977 con carácter excepcional y transitorio como mecanismo de control para el IRPF, es ya una anomalía entre los sistemas fiscales europeos. El creciente consenso académico, político y ciudadano acerca de la conveniencia de su eliminación y los primeros pasos dados por la Comunidad de Madrid en este sentido abren la puerta a su pronta eliminación en toda España.

El ministro Solbes se atrevió a afirmar hace pocos días que “en 2004, la despensa no sólo estaba vacía, sino que además no se había pagado la última compra”. Se permite esta afirmación quien en su biografía jamás podrá borrar haber dejado como herencia, en 1996, una “despensa” con una tasa de paro del 22,8%, el sistema de pensiones en suspensión de pagos, tipos de interés hipotecarios del 11,15%, un déficit público del 6,6% del PIB, una Deuda pública del 64% del PIB, dos devaluaciones de la moneda nacional y ninguno de los criterios de convergencia cumplidos. Tampoco podrá borrar de su currículum su lamentable intervencionismo económico desde 2004 en episodios de tanto descrédito institucional para España como la OPA a Endesa, su incremento de la presión fiscal en 2 puntos del PIB, el crecimiento de un 40% del gasto público, la elevación del déficit exterior al 10% del PIB, el recorte de la libertad de comercio, el recorte en el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores o el fin de la convergencia y el inicio de la divergencia económica con Europa, “logros” todos ellos cosechados en el período en el que él ha sido ministro de Economía y Hacienda. Él heredó en 2004, sin embargo, una economía integrada en el euro, con 5 millones de nuevos empleos, una tasa de inflación del 2,2%, superávit presupuestario, un Fondo de reserva de la Seguridad Social de más de quince mil millones de euros, una ratio Deuda pública muy reducida, triple A en la calificación de la Deuda del Estado y tipos de interés hipotecarios del 3,39%.

La decisión de Juan José Ibarretxe, presidente del Gobierno vasco, de promover un referéndum ilegal el 25 de octubre del próximo año debería servir, al menos, para devolver a la realidad a todos los que han querido vivir instalados en la alucinación buenista, encabezados por el presidente del Gobierno de la nación, José Luis Rodríguez Zapatero. Y esa realidad, que cualquier Gobierno responsable debería afrontar, es la de una crisis institucional y de la estructura territorial del Estado sin precedentes en la trayectoria democrática de España. Una crisis que no sólo afecta al funcionamiento del Estado, sino que tiene como primera víctima a la propia legitimidad democrática del régimen constitucional.

Intervención de Juan Velarde en 'Décimo aniversario del acceso de España al euro'