El traspaso de primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) de Raúl Castro a Miguel Díaz-Canel no es un fin de época como algunos medios interpretan. Como el dinosaurio de Monterroso, Raúl Castro y el PCC seguirán ahí, sempiternos e inamovibles.

Habrá que guardar muy cuidadosamente las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el mitin del Partido Socialista ayer en Getafe. Y habrá que guardarlas no solo por sus efectos políticos sino también por sus posibles consecuencias jurídicas. El ministro del Interior tacha al primer partido de la oposición de “organización criminal” y adelanta la condena en una serie de casos que se encuentran bajo instrucción judicial. Para rematar su descalificación acusa al Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por el PPde “gobierno del odio”, muy en línea con el vergonzoso manifiesto de los izquierdistas de guardia que, con una notable deshonestidad intelectual y biográfica, además de su conocida obnubilación sectaria, hablan de “26...

El traspaso de primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) de Raúl Castro a Miguel Díaz-Canel no es un fin de época como algunos medios interpretan. Como el dinosaurio de Monterroso, Raúl Castro y el PCC seguirán ahí, sempiternos e inamovibles. 

Las jugadas parlamentarias del Gobierno para hacerse con el Consejo General del Poder Judicial han quedado al descubierto y ahora solo le queda una opción honorable: sentarse a negociar de buena fe, sin imposiciones sectarias, no solo una lista de nombres sino una reforma del órgano de Gobierno de los jueces. Lo que ahora pide Europa está en la Constitución desde hace cuatro décadas. Se trata de recuperar plenamente lo que dice la Constitución. La Comisión no nos enseña nada nuevo; tan solo nos recuerda lo que algunos han querido que olvidáramos.

El PCE de hoy no solo quiere que no se conozcan los crímenes del comunismo, sino que no ha aprendido nada de la experiencia terrible del comunismo. Como si no hubiera pasado nada en estos cien años, sigue repitiendo los mismos dogmas de antaño: “Aspiramos a organizar la Revolución que derroque a la burguesía y a su monarquía, para construir el socialismo con la fuerza de la unidad popular”. Es decir, su compromiso con la democracia es pura táctica, nada. La mala memoria del comunismo no tiene nada de democrática.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su conferencia de prensa de fin de año admitió haber cometido un “error notable” al augurar que doce meses después “estaríamos mejor” en relación a ETA. Es sabido, a estas alturas, que los pronósticos de Rodríguez Zapatero tienen efectos devastadores sobre los acontecimientos que son objeto de sus previsiones. Pero en este caso, el reconocimiento del error ?por otra parte, cruelmente acreditado en la T-4 de Barajas y en Capbreton? se convierte en una maniobra con finalidad simplemente táctica: que la apariencia virtuosa del gesto exima al Gobierno de dar las explicaciones que sigue debiendo a los ciudadanos por su actuación en el inexistente y fraudulento “proceso de paz”.

Desde el 1 de noviembre de 2005, y avalado por el “Nationality, Immigration and Asylum Act” de noviembre de 2002, el Gobierno británico adoptó una serie de medidas en materia de inmigración sin precedentes en el Reino Unido. Aquellos residentes que tuvieran intención de solicitar la ciudadanía británica debían, entre otros requisitos, demostrar un conocimiento “suficiente” de alguna de sus lenguas oficiales y también de su sociedad. Para ello debían pasar un examen en inglés sobre temas relacionados con la vida en el Reino Unido, sus instituciones, sus costumbres, etc. El examen evalúa a la vez el conocimiento que el candidato tiene del idioma y del modo de vida británico. El examen se realiza en inglés, aunque también está disponible en escocés y galés. A partir de abril de 2007, este requisito de examen previo se extendió también a aquellos que solicitaran la residencia ilimitada en el país. Y lo que es aún más importante, la ley añadió como requisito imprescindible para obtener la nacionalidad británica el participar en una “Ceremonia de Ciudadanía”. ¿Podríamos en España aprender de la experiencia británica y aplicar esas o similares medidas?

Está a punto de terminar una legislatura muy negativa para España. También para su Política Exterior. El Gobierno ha puesto irresponsablemente en riesgo los acuerdos básicos que han fundamentado los mejores 30 años de nuestra Historia reciente y ha quebrado el rumbo de la Política Exterior de España. Hay una razón de fondo: Zapatero no tiene una idea clara de España. Cuando afirmó en el Senado que “la Nación es un concepto discutido y discutible” descubrió esa rotunda carencia. Si no se tiene clara la idea de la Nación a la que se sirve es imposible desarrollar una Política Exterior coherente. El núcleo de cualquier Política Exterior es la defensa de los intereses nacionales. Cuando no se cree en la Nación es imposible definir sus intereses y, por tanto, defenderlos. Las relaciones exteriores deben ser tan sólo un instrumento al servicio de la Política Exterior. El dúo Zapatero-Moratinos ha sustituido la defensa de los intereses de España por la diplomacia de la sonrisa.

Cataluña necesita más inversiones en infraestructuras para mejorar su competitividad. El Estado debe invertir más en Cataluña en vías de transporte por carretera de alta capacidad, AVE, aeropuertos y puertos. Como hizo en la etapa de Gobierno del Partido Popular y no se ha hecho en la legislatura socialista que ahora termina. Y es que los datos oficiales del Ministerio de Economía y Hacienda revelan una verdad incómoda para el actual Ejecutivo. Una vez finalizado el ajuste presupuestario imprescindible para acceder al euro en 1999, las inversiones del Estado en Cataluña crecieron cada año un 33,32% en media durante el período 1999-2004, es decir, durante el Gobierno del Partido Popular. En la presente legislatura, el actual Gobierno de Zapatero sólo ha incrementado las inversiones del Estado en Cataluña cada año un 2,58% en media (2005-2007). Las cifras del propio Ministerio de Economía y Hacienda son tan abrumadoras que ponen a cada uno en su sitio: resaltan el tremendo esfuerzo inversor efectuado por el Gobierno del PP en Cataluña y dejan en evidencia el divorcio entre las palabras y los hechos del actual Gobierno Socialista.

Quince meses después del traspaso de poderes interino de Fidel Castro a su hermano Raúl, el régimen comunista no lanza señales de cambio y aumenta su dependencia de los petrodólares venezolanos. La desaparición de Fidel puede abrir una oportunidad para que Cuba avance no sólo hacia una mayor apertura económica, sino hacia un régimen de libertades y democracia, como ansían los cubanos. En este contexto, el discurso del presidente Bush del pasado 25 de octubre lanza algunas propuestas para la Cuba del futuro, como la constitución de un fondo para la libertad de Cuba, recogiendo una de las propuestas de la fundación FAES en América Latina: una agenda para la Libertad. Sólo con firmeza en los principios y con propuestas positivas para incentivar el cambio, podrán darse las condiciones para que los cubanos puedan elegir en libertad su futuro. En Europa, el Gobierno español debería abandonar su posición de complacencia con la actual dirigencia cubana y apoyar inequívocamente a las fuerzas que trabajan por la democracia y las libertades en Cuba. El reciente ejemplo de la Cumbre Iberoamericana de Santiago muestra adónde conducen las políticas de apaciguamiento con los caudillos del socialismo del siglo XXI.

Acuerdo fiscal Gobierno-Podemos: obstáculo para el crecimiento y el empleo