El expresidente del Gobierno y presidente de FAES, José María Aznar, ha asegurado que “nada podría comprometer más el futuro de los españoles de hoy que la demolición de la casa que nos alberga. No tenemos que construir una nueva planta porque los pilares son sólidos y están intactos”. El expresidente ha defendido los valores que inspiraron la Constitución: “En 1978 se devolvió la soberanía a su legítimo dueño. España volvió a estar en manos de los españoles, de todos los españoles”.  Además, ha recordado que “el pacto constitucional de 1978 fue posible porque los españoles decidimos previamente que queríamos una democracia para convivir en paz y en libertad. Tuvimos muy presente el alto coste social, económico e histórico de renunciar a la...

Chile eligió los 155 integrantes de la Convención Constituyente. Solo votó el 41’5% y restando los votos nulos y blancos, tan solo el 38,3% marcó una preferencia. El resultado electoral dejó al centroderecha sin alcanzar el tercio de la Convención y a un centroizquierda aún con peor representación y completamente debilitado. A partir de estos resultados en que la izquierda radical obtuvo un importante triunfo electoral, muchos se preguntan: ¿qué ha pasado en el país más próspero de América Latina?

Chile eligió los 155 integrantes de la Convención Constituyente. Solo votó el 41’5% y restando los votos nulos y blancos, tan solo el 38,3% marcó una preferencia. El resultado electoral dejó al centroderecha sin alcanzar el tercio de la Convención y a un centroizquierda aún con peor representación y completamente debilitado. A partir de estos resultados en que la izquierda radical obtuvo un importante triunfo electoral, muchos se preguntan: ¿qué ha pasado en el país más próspero de América Latina?

El desafío a la Constitución no ha cesado. El mensaje del independentismo catalán es claro. Y ante un desafío contrastado, promovido por gente cuya capacidad para el disparate apenas conoce límites, es necesaria la disposición, la actitud y los medios para una respuesta adecuada desde el Estado. Para atajar el disparate, para prevenir la ilegalidad y para preservar la convivencia cívica, empezando por Cataluña, para evitar que sea irreversible el fracaso al que le condena el independentismo.

Un Gobierno puede acertar o equivocarse. Lo que no es aceptable es que abdique de su responsabilidad. Esto es lo que está ocurriendo con el caos jurídico que el Gobierno ha provocado deliberadamente, desoyendo todas las voces que pedían una solución legal, perfectamente viable, como alternativa al estado de alarma que acaba de decaer.

Mientras los últimos informes PISA y de la OCDE revelan que los estudiantes españoles están a la cola de Europa en conocimientos y a la cabeza de Europa en violencia y fracaso escolar (uno de cada tres alumnos no ha acabado la enseñanza obligatoria), Zapatero, que ha aprobado la LOE (una nueva LOGSE), pretende ocultar su tremendo fracaso educativo permitiendo que los alumnos pasen de curso hasta con cuatro suspensos. Lo único que parece importarle es implantar una asignatura obligatoria de claro contenido doctrinario y político. Zapatero dice que en Educación para la ciudadanía se enseñan valores constitucionales y derechos humanos, pero no dice la verdad: los manuales elogian las dictaduras comunistas, califican de democracias los regímenes de Stalin y Lenin, critican el pensamiento liberal, justifican el terrorismo islamista y exaltan la figura del propio Zapatero. La Educación para la Ciudadanía de Zapatero representa una intromisión intolerable del Estado que, además, atenta contra la libertad constitucional de los padres de elegir la educación que desean para sus hijos, viola la prohibición constitucional de adoctrinar a los escolares y busca imponer una religión laica impartida con ese “catecismo del buen socialista” de la única asignatura que, en realidad, importa a este Gobierno.

José Luis Rodríguez Zapatero ha creado, de forma irresponsable, un “sudoku” de la insolidaridad entre las Comunidades Autónomas. Ha sembrado la cizaña en las cuentas del Estado al quebrar el consenso alcanzado en 2002 por el Gobierno de Aznar con todas las Comunidades Autónomas. El “sudoku” de los Presupuestos se pretende resolver prescindiendo del criterio de equidad, haciendo caso omiso del principio constitucional de cohesión nacional. Además, el recurso a la “ingeniería presupuestaria” para ocultar un incremento del gasto estructural ?que pone en riesgo las cuentas públicas a medio plazo? mina la confianza en el futuro de la economía española. Esto es especialmente grave en un contexto de incertidumbre donde resulta imprescindible la máxima transparencia. Además, los últimos Presupuestos del gobierno de Zapatero se sustentan en unas hipótesis de crecimiento económico que no son creíbles.

La decisión de Juan José Ibarretxe, presidente del Gobierno vasco, de promover un referéndum ilegal el 25 de octubre del próximo año debería servir, al menos, para devolver a la realidad a todos los que han querido vivir instalados en la alucinación buenista, encabezados por el presidente del Gobierno de la nación, José Luis Rodríguez Zapatero. Y esa realidad, que cualquier Gobierno responsable debería afrontar, es la de una crisis institucional y de la estructura territorial del Estado sin precedentes en la trayectoria democrática de España. Una crisis que no sólo afecta al funcionamiento del Estado, sino que tiene como primera víctima a la propia legitimidad democrática del régimen constitucional.

Los españoles van a tener que afrontar en los próximos tiempos un gran problema político: el problema de la deconstrucción del régimen constitucional español en un marco en el que coinciden dos frentes paralelos y convergentes. La negociación con una organización terrorista que persigue la ruptura de España y una ofensiva nacionalista que tiene como objetivo último acabar con la cohesión,la unidad y la fortaleza de España como nación.

El objetivo de la derrota incondicional de ETA mediante la firme aplicación de los instrumentos del Estado de Derecho se ha visto directamente menoscabado por una iniciativa de diálogo con los terroristas asentada en un método (la ocultación a la opinión pública y al Partido Popular) y una finalidad (la sustitución de la derrota de ETA por un pacto político entre el Gobierno y los terroristas) lesivos para el sistema democrático y constitucional. Mirar al futuro, dar contenido real a la unidad en la lucha contra el terrorismo exige analizar cómo hemos llegado a esta situación después de que el Estado de Derecho llevara a ETA al borde de su derrota. A menos que se extraigan las debidas lecciones, el futuro sólo reservará nuevos fracasos.

Constitución Europea: como reconciliar identidad y tolerancia (2/2)

Constitución y consenso desde una perspectiva histórica