El ministro Solbes se atrevió a afirmar hace pocos días que “en 2004, la despensa no sólo estaba vacía, sino que además no se había pagado la última compra”. Se permite esta afirmación quien en su biografía jamás podrá borrar haber dejado como herencia, en 1996, una “despensa” con una tasa de paro del 22,8%, el sistema de pensiones en suspensión de pagos, tipos de interés hipotecarios del 11,15%, un déficit público del 6,6% del PIB, una Deuda pública del 64% del PIB, dos devaluaciones de la moneda nacional y ninguno de los criterios de convergencia cumplidos. Tampoco podrá borrar de su currículum su lamentable intervencionismo económico desde 2004 en episodios de tanto descrédito institucional para España como la OPA a Endesa, su incremento de la presión...
La decisión de Juan José Ibarretxe, presidente del Gobierno vasco, de promover un referéndum ilegal el 25 de octubre del próximo año debería servir, al menos, para devolver a la realidad a todos los que han querido vivir instalados en la alucinación buenista, encabezados por el presidente del Gobierno de la nación, José Luis Rodríguez Zapatero. Y esa realidad, que cualquier Gobierno responsable debería afrontar, es la de una crisis institucional y de la estructura territorial del Estado sin precedentes en la trayectoria democrática de España. Una crisis que no sólo afecta al funcionamiento del Estado, sino que tiene como primera víctima a la propia legitimidad democrática del régimen constitucional.
Los españoles van a tener que afrontar en los próximos tiempos un gran problema político: el problema de la deconstrucción del régimen constitucional español en un marco en el que coinciden dos frentes paralelos y convergentes. La negociación con una organización terrorista que persigue la ruptura de España y una ofensiva nacionalista que tiene como objetivo último acabar con la cohesión,la unidad y la fortaleza de España como nación.
En los últimos diez años, España ha registrado tasas de crecimiento económico superiores a las de sus socios comunitarios. Esta expansión económica ha conducido a un proceso de convergencia de la renta per cápita española con la del promedio de los Estados miembros de la UE. Cada vez estaba más cerca la posibilidad de alcanzar el bienestar económico medio europeo. Pero la convergencia ha comenzado a retroceder en 2006: el PIB per cápita de España creció menos que el de la UE-25, de modo que la renta per cápita relativa ha disminuido. Por primera vez en el último decenio, España se aleja de Europa en bienestar económico y social.
El contencioso del Sahara Occidental ocupa un lugar central en nuestra política hacia el Magreb y en la sensibilidad de muchos españoles. Es indudable que un interés primordial de España es fomentar en la región la paz y la estabilidad y apertura políticas, un desarrollo económico vigoroso y unas relaciones sólidas de buena vecindad. La política de Zapatero aleja la consecución de estos objetivos.
El gasto público y la protección de la familia en España: un análisis económico
Intervención de Juan Velarde en 'Décimo aniversario del acceso de España al euro'
10.01.2007. El ministro Solbes se atrevió a afirmar hace pocos días que “en 2004, la despensa no sólo estaba vacía, sino que además no se había pagado la última compra”. Se permite esta afirmación quien en su biografía jamás podrá borrar haber dejado como herencia, en 1996, una “despensa” con una tasa de paro del 22,8%, el sistema de pensiones en suspensión de pagos, tipos de interés hipotecarios del 11,15%, un déficit público del 6,6% del PIB, una Deuda pública del 64% del PIB, dos devaluaciones de la moneda nacional y ninguno de los criterios de convergencia cumplidos. Tampoco podrá borrar de su currículum su lamentable intervencionismo económico desde 2004 en episodios de tanto descrédito institucional para España como la OPA a Endesa, su incremento de la presión...
10.01.2007. La decisión de Juan José Ibarretxe, presidente del Gobierno vasco, de promover un referéndum ilegal el 25 de octubre del próximo año debería servir, al menos, para devolver a la realidad a todos los que han querido vivir instalados en la alucinación buenista, encabezados por el presidente del Gobierno de la nación, José Luis Rodríguez Zapatero. Y esa realidad, que cualquier Gobierno responsable debería afrontar, es la de una crisis institucional y de la estructura territorial del Estado sin precedentes en la trayectoria democrática de España. Una crisis que no sólo afecta al funcionamiento del Estado, sino que tiene como primera víctima a la propia legitimidad democrática del régimen constitucional.
07.01.2007. Los españoles van a tener que afrontar en los próximos tiempos un gran problema político: el problema de la deconstrucción del régimen constitucional español en un marco en el que coinciden dos frentes paralelos y convergentes. La negociación con una organización terrorista que persigue la ruptura de España y una ofensiva nacionalista que tiene como objetivo último acabar con la cohesión,la unidad y la fortaleza de España como nación.
06.01.2007. En los últimos diez años, España ha registrado tasas de crecimiento económico superiores a las de sus socios comunitarios. Esta expansión económica ha conducido a un proceso de convergencia de la renta per cápita española con la del promedio de los Estados miembros de la UE. Cada vez estaba más cerca la posibilidad de alcanzar el bienestar económico medio europeo. Pero la convergencia ha comenzado a retroceder en 2006: el PIB per cápita de España creció menos que el de la UE-25, de modo que la renta per cápita relativa ha disminuido. Por primera vez en el último decenio, España se aleja de Europa en bienestar económico y social.
05.01.2007. El contencioso del Sahara Occidental ocupa un lugar central en nuestra política hacia el Magreb y en la sensibilidad de muchos españoles. Es indudable que un interés primordial de España es fomentar en la región la paz y la estabilidad y apertura políticas, un desarrollo económico vigoroso y unas relaciones sólidas de buena vecindad. La política de Zapatero aleja la consecución de estos objetivos.
01.01.1995. El gasto público y la protección de la familia en España: un análisis económico
