La historia demuestra con una tozuda insistencia que los aventureros, totalitarios y racistas que protagonizaron sus páginas más negras siempre se beneficiaron de la temeraria despreocupación de los que, al final, resultaron ser sus víctimas. Gentes mediocres, oscuras y resentidas –que, sin embargo, siempre dijeron y escribieron lo que pensaban de la sociedad que querían destruir– encontraron su mejor aliado en la sordera voluntaria de los que se creían inmunes a sus planes.

Oficiales públicos han saqueado –y siguen saqueando– miles de millones de dólares del pueblo venezolano durante el régimen Chávez-Maduro. INRAV, fundada en Florida en el año 2019 por un grupo de venezolanos-americanos, es un organización sin fines de lucro, autónoma e independiente, que espera movilizar a Estados, instituciones internacionales y ciudadanos para lograr la recuperación de los activos producto de actos de corrupción cometidos en Venezuela.

Estos primeros 75 años de Naciones Unidas merecen no solo una calurosa felicitación, sino también el profundo deseo de que cumplan al menos otros tantos en el trabajo que supone la búsqueda de un mundo más justo, más próspero, más igualitario, más humano.

El reciente Informe de la ONU para documentar las violaciones generalizadas y sistemáticas bajo la presidencia de Nicolás Maduro muestra una síntesis dramática de lo que pasa en Venezuela. Asesinatos arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales y tratos crueles e inhumanos  como desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias a centenares de venezolanos, sin contar a los más de cinco millones de trashumantes que se han visto obligados a emigrar. Fijan como responsables directos a Maduro y sus ministros del Interior y de Defensa.

Este otoño es probable que se convoque la “mesa de diálogo” con las autoridades secesionistas catalanas. La vía con ERC está activada y Quim Torra ya ha sido contactado. Hay agenda catalana. Por eso resulta pertinente recordar el historial gastronómico de los comensales que se sentarán a la mesa convidados por Sánchez: los tragaldabas del secesionismo en alegre confusión con algunos gourmets del “derecho a decidir”.

Está a punto de terminar una legislatura muy negativa para España. También para su Política Exterior. El Gobierno ha puesto irresponsablemente en riesgo los acuerdos básicos que han fundamentado los mejores 30 años de nuestra Historia reciente y ha quebrado el rumbo de la Política Exterior de España. Hay una razón de fondo: Zapatero no tiene una idea clara de España. Cuando afirmó en el Senado que “la Nación es un concepto discutido y discutible” descubrió esa rotunda carencia. Si no se tiene clara la idea de la Nación a la que se sirve es imposible desarrollar una Política Exterior coherente. El núcleo de cualquier Política Exterior es la defensa de los intereses nacionales. Cuando no se cree en la Nación es imposible definir sus intereses y, por tanto, defenderlos. Las relaciones exteriores deben ser tan sólo un instrumento al servicio de la Política Exterior. El dúo Zapatero-Moratinos ha sustituido la defensa de los intereses de España por la diplomacia de la sonrisa.

El Impuesto sobre el Patrimonio es una figura impositiva obsoleta, desterrada de los sistemas tributarios del mundo desarrollado, pero que subsiste anacrónicamente en España. Este impuesto desincentiva el ahorro al imponer una doble tributación a las rentas ahorradas. Quien obtiene una renta paga el IRPF; si ahorra una parte de la renta, esta renta ahorrada tributa de nuevo cada año a través del Impuesto sobre el Patrimonio. El desincentivo a ahorrar es evidente y preocupante en un país con un déficit de ahorro neto del 10% del PIB. El Impuesto sobre el Patrimonio es también contrario a la equidad, porque recae esencialmente sobre los ciudadanos de rentas medias. Los titulares de grandes patrimonios disponen de instrumentos legales que permiten eludir el Impuesto sobre el Patrimonio, instrumentos que han sido además incentivados fiscalmente por el actual Ejecutivo. Finalmente, el impuesto es contrario a la eficiencia: castiga el fruto del esfuerzo laboral y empresarial, haciendo menos atractivo trabajar, ahorrar y asumir riesgos. La pervivencia en España del Impuesto sobre el Patrimonio, que se introdujo en el año 1977 con carácter excepcional y transitorio como mecanismo de control para el IRPF, es ya una anomalía entre los sistemas fiscales europeos. El creciente consenso académico, político y ciudadano acerca de la conveniencia de su eliminación y los primeros pasos dados por la Comunidad de Madrid en este sentido abren la puerta a su pronta eliminación en toda España.

El ministro Solbes se atrevió a afirmar hace pocos días que “en 2004, la despensa no sólo estaba vacía, sino que además no se había pagado la última compra”. Se permite esta afirmación quien en su biografía jamás podrá borrar haber dejado como herencia, en 1996, una “despensa” con una tasa de paro del 22,8%, el sistema de pensiones en suspensión de pagos, tipos de interés hipotecarios del 11,15%, un déficit público del 6,6% del PIB, una Deuda pública del 64% del PIB, dos devaluaciones de la moneda nacional y ninguno de los criterios de convergencia cumplidos. Tampoco podrá borrar de su currículum su lamentable intervencionismo económico desde 2004 en episodios de tanto descrédito institucional para España como la OPA a Endesa, su incremento de la presión fiscal en 2 puntos del PIB, el crecimiento de un 40% del gasto público, la elevación del déficit exterior al 10% del PIB, el recorte de la libertad de comercio, el recorte en el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores o el fin de la convergencia y el inicio de la divergencia económica con Europa, “logros” todos ellos cosechados en el período en el que él ha sido ministro de Economía y Hacienda. Él heredó en 2004, sin embargo, una economía integrada en el euro, con 5 millones de nuevos empleos, una tasa de inflación del 2,2%, superávit presupuestario, un Fondo de reserva de la Seguridad Social de más de quince mil millones de euros, una ratio Deuda pública muy reducida, triple A en la calificación de la Deuda del Estado y tipos de interés hipotecarios del 3,39%.

La decisión de Juan José Ibarretxe, presidente del Gobierno vasco, de promover un referéndum ilegal el 25 de octubre del próximo año debería servir, al menos, para devolver a la realidad a todos los que han querido vivir instalados en la alucinación buenista, encabezados por el presidente del Gobierno de la nación, José Luis Rodríguez Zapatero. Y esa realidad, que cualquier Gobierno responsable debería afrontar, es la de una crisis institucional y de la estructura territorial del Estado sin precedentes en la trayectoria democrática de España. Una crisis que no sólo afecta al funcionamiento del Estado, sino que tiene como primera víctima a la propia legitimidad democrática del régimen constitucional.

Intervención de Juan Velarde en 'Décimo aniversario del acceso de España al euro'