“Si el Gobierno se atribuye el mérito de que llueva, no se puede quejar de que le culpen de la sequía”. Esta frase atribuida al político y diplomático americano Dwigth Morrow debería repasarla el Gobierno cuando se queja de la crítica a que está siendo sometido por su gestión de la crisis de coronavirus. Porque el Gobierno ha tenido todo aquello que constitucionalmente podía pedir sin que la oposición le haya negado ninguno de los instrumentos que requería para afrontar la crisis. El estado de alarma se ha prorrogado tres veces y las administraciones autonómicas se han colocado en una posición de subordinación jerárquica al mando único. La interpretación de estos instrumentos ha sido más que extensiva y el origen de las críticas que últimamente tanto parecen...

Desde el Gobierno se denigra al Rey y a la Monarquía, se arrastra a la Guardia Civil a actuar de órgano censor en la red, se equiparan las “informaciones negativas” -para el propio Gobierno- con las mentiras, se atribuye a los tribunales de justicia sesgos prevaricadores y se deslegitima al órgano de gobierno de la Magistratura; el vicepresidente 2º desautoriza a los ministros, el presidente del Gobierno calla y otorga en esa desautorización, el ministro de Seguridad Social se entera por la prensa que al día siguiente presentará el proyecto de renta mínima, los niños irán al supermercado y horas después los niños no irán al supermercado, en todo un despliegue de transparencia informativa, en un mes se han cambiado seis veces los criterios de contabilización de...

Estamos ante un gobierno fallido. Resulta que la izquierda, dogmática y sectaria, coaligada para la confrontación a campo abierto con la mitad de los españoles propone grandes pactos transversales. No obstante, si el presidente del Gobierno convoca, hay que acudir y muy singularmente quien lidera la oposición. Si Sánchez plantea los pactos para apuntalar su fórmula de gobierno con Podemos y los demás acompañantes, fracasará. Los enemigos del pacto son las agendas ocultas, el adanismo y los que creen que ha llegado la hora de hacer la revolución desde un ministerio.

Isabel Díaz Ayuso y el conjunto del Partido Popular tienen en Madrid razones fundadas para la esperanza, pero sólo a condición de que se mantengan los niveles más exigentes de competencia y transparencia en la gestión pública, se fortalezca la conexión con los ciudadanos en forma de oportunidades y se transmita esa tensión renovadora que la nueva presidenta representa cumplidamente.

Las presidenciales no dan las debidas garantías de transparencia, empezando por la violación de todo control institucional para que Morales sea habilitado como candidato en lo que sería su tercera reelección. El gobierno ha trabajado bajo la ley del ‘mínimo esfuerzo’ y el clientelismo político a favor de sus intereses populistas sin que importe la institucionalidad.

José Luis Rodríguez Zapatero ha creado, de forma irresponsable, un “sudoku” de la insolidaridad entre las Comunidades Autónomas. Ha sembrado la cizaña en las cuentas del Estado al quebrar el consenso alcanzado en 2002 por el Gobierno de Aznar con todas las Comunidades Autónomas. El “sudoku” de los Presupuestos se pretende resolver prescindiendo del criterio de equidad, haciendo caso omiso del principio constitucional de cohesión nacional. Además, el recurso a la “ingeniería presupuestaria” para ocultar un incremento del gasto estructural ?que pone en riesgo las cuentas públicas a medio plazo? mina la confianza en el futuro de la economía española. Esto es especialmente grave en un contexto de incertidumbre donde resulta imprescindible la máxima transparencia. Además, los últimos Presupuestos del gobierno de Zapatero se sustentan en unas hipótesis de crecimiento económico que no son creíbles.

UE. Hacia una reforma institucional: transparencia y retos a futuro