CORONAVIRUS Políticas económicas frente al COVID-19

13/04/2020

Ignacio Muñoz-Alonso es profesor del IE Business School


Comienzan a aparecer las primeras estimaciones macroeconómicas que, pese a la incertidumbre asociada a la duración de la crisis sanitaria y de las medidas de confinamiento, apuntan ya hacia lo que podría parecerse el panorama económico de los próximos trimestres y del conjunto del año 2020.

Una primera consideración para entender el alcance temporal de la crisis se refiere al carácter local de las contracciones, que se despliegan en sucesivas oleadas geográficas prolongando su duración global. Al estar la pandemia golpeando más intensamente a las grandes áreas económicas, se generan efectos de segunda ronda que impiden la pronta recuperación de las zonas más avanzadas en el ciclo sanitario. China, que recobra poco a poco la actividad productiva, no podrá beneficiarse plenamente de la normalización en tanto que el resto del mundo continúe atravesando por las fases más agudas de la contracción. Si bien estamos viendo que los periodos medios de confinamiento local pueden durar un trimestre, la propagación escalonada entre las grandes zonas económicas nos llevaría a anticipar un periodo global de emergencia sanitaria y económica de al menos tres trimestres. Con todo ello, China comenzaría a estabilizar su crecimiento ya en el último trimestre para terminar el año con un crecimiento anual estimado de su PIB del 1,6% frente al 6,1% de 2019. Sería entonces la única gran zona económica que terminaría el año con un crecimiento positivo, eso sí, 4,5 puntos por debajo del pasado año.

Aun con todo, el escenario que se mantiene, con todas las cautelas, es el de una contracción intertrimestral sin precedentes en todas las áreas, seguida de una recuperación que se iría acelerando a medida que nos acerquemos a final del año, cuando se registrarían por lo demás lecturas terribles del resto de los indicadores como desempleo e inflación. El PIB global se contraería un 3,3% empujado por recesiones profundas en la Eurozona y EE. UU., del 4 y del 3% respectivamente. 

Las circunstancias bajo las que España se enfrenta a esta crisis y la segura posterior recesión no garantizan sin embargo un patrón de recuperación similar. A ello contribuye de forma muy relevante el que nuestro punto de partida va a lastrar profundamente el proceso de recuperación. Las estimaciones con las que contamos al día de hoy anticipan caídas que oscilan, en un rango muy amplio, entre el 4 y el 10% del PIB para el conjunto del año, dependiendo de la duración de la crisis sanitaria global y de la contundencia de las medidas adoptadas; con una tasa de desempleo que podría llegar al 20%. Será muy difícil que podamos situarnos en la parte baja de esa franja a tenor de lo que estamos viendo hasta la fecha. Estas son las razones.

En primer lugar, porque padeceremos las consecuencias de la laxitud en la contención del déficit público durante los últimos dos años, que subió en 2019 por primera vez desde 2012 hasta el 2,7% del PIB. Recordemos que el actual Gobierno, al poco de formarse, renegocia una nueva cifra de déficit para fijarlo en el 2% frente al 1,3% inicialmente establecido para 2019. Ello en plena fase de expansión de nuestra economía, que creció por encima de la media europea, y que objetivamente no precisaba de un impulso fiscal. La ausencia de criterios rigurosos puede llevar nuestra deuda pública hasta el 110-115% del PIB a corto plazo, con las consecuencias que ya aprendimos durante la Gran Recesión de 2008. La destrucción de las más de 120.000 empresas antes de finalizar el primer mes de confinamiento no da motivos para anticipar una pronta recuperación de los ingresos fiscales a corto plazo.

Por otra parte, el conjunto de medidas de estímulo de la demanda y mantenimiento del empleo son claramente insuficientes y desacompasadas. Frente a la grandilocuencia de las cifras anunciadas –hasta un 20% del PIB–, la realidad es que las verdaderas cifras comprometidas son muy inferiores e insuficientes y que España se encuentra a la cola del esfuerzo realizado por otros países europeos. Los 100.000 millones de euros concedidos en avales a autónomos y empresas a través del ICO, se quedan de momento en 20.000, que, en la mayor parte de los casos, cubren tan solo hasta el 25% de los ingresos anuales de los solicitantes. El hecho de que tales avales garanticen además el 80% de los préstamos concedidos por las entidades financieras dificultará su concesión y su traslado a la economía productiva. 

Por otro lado, existe una cierta confusión entre la prioridad de las medidas de mantenimiento de la capacidad productiva y las de estímulo de la demanda, estériles en un momento de confinamiento como el actual. El conjunto variopinto de medidas sucesivamente anunciadas desde el 13 de marzo, aparte de ser inocuas en muchos casos, crean inseguridad por las dificultades de interpretación y solapamiento entre ellas, y hacen recaer una parte muy importante del esfuerzo sobre el sector de empresas y particulares, que, seguramente y a tenor de lo dispuesto, acabarían asumiendo la porción más importante del esfuerzo anunciado de hasta el 20% del PIB.

Por último, la posibilidad de pasar de una recuperación larga y profunda en forma de ‘L’ o de ‘U’ hacia otra rápida e intensa en forma de ‘V’, se ve seriamente comprometida por la escasa credibilidad del Gobierno actual frente al resto de las fuerzas parlamentarias y de la opinión pública en general, así como en el campo de negociación europea. 

En el frente interior asistimos diariamente a filtraciones contrastadas que ponen de manifiesto las dificultades del Gobierno para adoptar una línea de acción compartida entre todos los miembros de la actual coalición, con sectores importantes más preocupados con la señalización ideológica de las medidas que con su alcance económico. Y en el frente europeo, verdadera última línea de defensa de nuestra sostenibilidad fiscal, no ayuda el desgaste de un Gobierno que dilapidó mucho de su crédito político forzando durante los últimos dos años la flexibilización de los límites de la disciplina fiscal, alineándose junto con otros pocos casos notorios en los márgenes de la corriente principal de la ortodoxia fiscal europea. Nos sorprende la dureza de nuestros socios del norte de Europa y su negativa a compartir el esfuerzo que los tiempos requieren. Actitud cicatera quizá, pero tampoco ha de sorprender la respuesta dada a quienes durante los buenos tiempos piden saltarse los límites y durante los malos piden la ayuda de los demás.

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