ANÁLISIS ¿Qué pasó en Chile?

21/05/2021

 Marcela Cubillos es directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo. Constituyente electa


Los pasados 15 y 16 de mayo Chile eligió los 155 integrantes de la Convención Constituyente. En Chile existe voto voluntario, y de un padrón electoral de casi 15 millones de electores solo votó el 41,5%, es decir, poco más de 6 millones de personas. Restando los votos nulos y blancos, solo el 38,3% marcó una preferencia.

La primera semana de julio se inicia el trabajo de la Convención. Tiene el plazo máximo de un año para redactar una propuesta que será sometida a un plebiscito con voto obligatorio. Si no hay texto al cumplirse el plazo, o el propuesto es rechazado por la ciudadanía, la norma establece que seguiría vigente la Constitución actual.

La coalición de centroderecha obtuvo 37 escaños; la de centroizquierda, 25; los partidos de izquierda más radicales (Partido Comunista, Frente Amplio y otros), 28 convencionales; listas de independientes, 48; y pueblos originarios, 17 escaños que les estaban reservados.

El resultado electoral dejó al centroderecha sin alcanzar el tercio de la Convención y a un centroizquierda aún con peor representación y completamente debilitado. Las normas vigentes establecen que el quorum para la aprobación de cualquier materia es 2/3, por eso era esencial alcanzar los 52 escaños que permitieran tener poder de negociación.

Entre los “independientes”, la lista que más escaños alcanzó es la llamada “Lista del Pueblo”, que fue la gran sorpresa de la elección. Sus voceros han declarado que se conocieron y agruparon participando de los hechos de violencia que azotaron Chile a partir de octubre del 2019. Su principal dirigente ya ha señalado que no negociarán con ningún partido político mientras no sean liberados los que él llama “presos políticos de la revuelta”, que no son otros que aquellos que enfrentan procesos judiciales ante tribunales de justicia independientes –en un Estado de derecho democrático– por los graves hechos de violencia ocurridos desde 2019.

A partir de estos resultados electorales en que la izquierda radical, ya sea como coalición o a través de estas listas de independientes, obtuvo un importante triunfo electoral, muchos se preguntan: ¿qué pasó en Chile?

La interrogante es válida. El país objetivamente más próspero de América Latina; el que logró articular una transición a la democracia pacífica y ordenada; el que pudo disminuir la pobreza a menos de un 8% en 30 años; el que tiene el mejor ranking en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en la región y uno de los tres que califican como “democracias plenas” según el reputado informe de The Economist; el de más baja corrupción de acuerdo a Transparency International; el que ha logrado expandir más ampliamente la clase media; ese país parece haber renegado de sí mismo y ha resuelto hacer volar por los aires su biografía de éxito, libertad y progreso.

Las fuerzas políticas que, de espaldas a la realidad, han repudiado tales logros, prevalecieron en la disputa electoral. A diferencia de lo que muchos sostienen, no es que la izquierda haya sabido leer una realidad social, política y cultural que nadie veía, sino que simplemente supo escribir un relato que nadie estuvo dispuesto a refutarle. Y así, poco a poco, los 30 mejores años de la historia de Chile se esfumaron y transformaron, por repetición de consignas, en los 30 peores. Ante el silencio de todo el resto de las fuerzas políticas, nadie puede sorprenderse de que los chilenos fueran a las urnas el pasado fin de semana convencidos de vivir en un país cuyos últimos 30 años han sido “los peores de la historia”.

El relato de la izquierda radical logró empalidecer los remarcables éxitos y poner por delante una letanía conforme a la cual Chile era el país “más desigual del mundo”, donde los abusos empresariales campeaban y los privilegios eran el pan de cada día. Los acuerdos que hicieron posible la transición y sus logros fueron denostados como “arreglos cupulares ilegítimos”. El esquema de dos coaliciones moderadas –una de centroizquierda y otra de centroderecha– que brindaron notable estabilidad política al país, fue estigmatizado como un “duopolio”. La responsabilidad a la hora de diseñar e implementar políticas públicas fue pulverizada como el dominio de la “tecnocracia” por sobre las posibilidades infinitas de una política que no tiene por qué apegarse a aspectos tan “pedestres” como, por ejemplo, los recursos disponibles. La certeza jurídica y el respeto al Estado de derecho pasaron a ser “formalismos” que no pueden impedir ni frenar las reformas que la “gente quiere”. En los últimos meses la legalidad ha ido siendo reemplazada por una arbitrariedad que avanza a paso firme.

Esta ofensiva política pudo prosperar porque tuvo vía libre: ni el centroizquierda –que gobernó durante 24 de los últimos 30 años– asumió la defensa de su propia obra, ni el centroderecha frenó tampoco los embates populistas. Más aún, no pocas veces sacrificó en el altar de la popularidad sus convicciones sumándose a propuestas de la izquierda.

El centroizquierda obtuvo incluso peor resultado que el centroderecha. El renegar y avergonzarse de su protagonismo de las últimas décadas les hizo diluir sus convicciones y acomplejarse de su historia. Tampoco ha tenido una posición clara de condena a la violencia que Chile ha sufrido desde el año 2019. Ante esa falta de identidad, la izquierda radical se ha ido fortaleciendo.

Por otra parte, el centroderecha en Chile abandonó hace muchos años el debate cultural. Las dos veces que ha gobernado desde el retorno a la democracia lo ha hecho convencido de que basta administrar y gestionar. No solo eso, durante los últimos años muchos líderes del sector han abrazado políticas populistas de la izquierda, como el retiro de los fondos de pensiones para enfrentar la crisis de la pandemia o el apoyo a alzas de impuestos impulsadas por el Partido Comunista sin tener ni siquiera facultades legales para hacerlo. Y pasó lo que ocurre siempre. Cada vez que el centroderecha se suma a las ideas de la izquierda, se fortalece la izquierda y se debilita la derecha.

Ese camino ya lo recorrió en Chile la Democracia Cristiana. Por diluir sus convicciones al gobernar con el Partido Comunista y rendirse ante propuestas y programas socialistas, ha ido terminando con muy poco poder electoral y casi sin influencia. De hecho, el fin de semana pasado solo eligió un constituyente. El centroderecha debe aprender y evitar recorrer ese mismo camino.

Tampoco puede omitirse en este análisis la responsabilidad que le cabe al Gobierno en todo lo ocurrido. Los principales errores han sido no actuar como un Gobierno de coalición, abandonar muy tempranamente el programa que lo llevó a ganar la elección a fines del año 2017 y optar por una neutralidad total ante el proceso constituyente.

Hacia adelante, para recuperar credibilidad y fuerza electoral, el centroderecha debe ser capaz de ofrecer a Chile una alternativa a la propuesta radical de la izquierda. Cuesta recordar hoy cuándo fue la última vez que enarboló banderas propias como solución a los problemas que aún aquejan a miles de chilenos.

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