Estamos comenzando una grave crisis que tendrá un fuerte impacto en las cuentas del sector público por no haber aprovechado los años de crecimiento para completar su saneamiento. Sin incentivos fiscales como los que se han puesto en marcha en otros países, nos enfrentamos al riesgo de una destrucción masiva del tejido empresarial, sobre todo en lo que se refiere a autónomos y PYMES, y de una depresión de la demanda interna mayor de la que se produjo en la crisis anterior. Por desgracia, las medidas que el Gobierno ha aprobado estas semanas no invitan a la esperanza.
El Gobierno construido por Pedro Sánchez es un andamiaje que ha colapsado. La pandemia ha hecho evidente su falta de calidad gestora, el extravío político y sus caóticas prioridades. Hoy el estado de alarma lo es por partida doble. Podemos en el Gobierno representa en estas circunstancias, un riesgo inasumible y amenazante para el sistema democrático y la gobernabilidad, para el esfuerzo de recuperación económica y para la posición internacional de España. Es hora de que el Partido Socialista decida ya si en estas circunstancias quiere ser parte del problema o de la solución.
La acción económica frente al COVID-19 tiene que enfocarse a evitar consecuencias de largo plazo, actuando sobre el mantenimiento del empleo, la capacidad productiva y la integridad del tejido industrial. También, garantizando el funcionamiento del sistema financiero y bancario, evitando que el choque temporal cronifique dando lugar a una concatenación de crisis. Es necesario, además, mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas, que están ya actuando como último garante de la continuidad del sistema productivo. Todo esto ayudará a impedir el contagio de los efectos de la crisis sanitaria a las cuentas públicas y a las áreas estratégicas de nuestras economías.
Es curioso que, en estas circunstancias, el vicepresidente 2º del Gobierno, Pablo Iglesias, se dedique a tuitear el artículo 128 de la Constitución que subordina al interés general toda la riqueza nacional cualquiera que sea su titularidad y reconoce la iniciativa pública en la actividad económica, la posibilidad de que el sector público se reserve por ley recursos o servicios esenciales, así como la intervención de empresas por razones también de interés general.
Esencialmente importa salvar vidas, pero después vendrá el gravísimo impacto del coronavirus sobre la economía y, a no tardar, otras consecuencias de orden político, cultural y social que todavía somos incapaces de anticipar con precisión. El coronavirus se fortalece como un agente de transformaciones radicales en el mundo. Si nos fijamos en España, es evidente que poco quedará de esa agenda compartida por el PSOE con la izquierda radical populista de Podemos. Tendremos que pensar con mucha más prudencia a qué dedicamos el dinero público, qué causas abrazamos, en qué debates nos adentramos y en qué políticos podemos confiar.
06.04.2020. Estamos comenzando una grave crisis que tendrá un fuerte impacto en las cuentas del sector público por no haber aprovechado los años de crecimiento para completar su saneamiento. Sin incentivos fiscales como los que se han puesto en marcha en otros países, nos enfrentamos al riesgo de una destrucción masiva del tejido empresarial, sobre todo en lo que se refiere a autónomos y PYMES, y de una depresión de la demanda interna mayor de la que se produjo en la crisis anterior. Por desgracia, las medidas que el Gobierno ha aprobado estas semanas no invitan a la esperanza.
04.04.2020. El Gobierno construido por Pedro Sánchez es un andamiaje que ha colapsado. La pandemia ha hecho evidente su falta de calidad gestora, el extravío político y sus caóticas prioridades. Hoy el estado de alarma lo es por partida doble. Podemos en el Gobierno representa en estas circunstancias, un riesgo inasumible y amenazante para el sistema democrático y la gobernabilidad, para el esfuerzo de recuperación económica y para la posición internacional de España. Es hora de que el Partido Socialista decida ya si en estas circunstancias quiere ser parte del problema o de la solución.
01.04.2020. La acción económica frente al COVID-19 tiene que enfocarse a evitar consecuencias de largo plazo, actuando sobre el mantenimiento del empleo, la capacidad productiva y la integridad del tejido industrial. También, garantizando el funcionamiento del sistema financiero y bancario, evitando que el choque temporal cronifique dando lugar a una concatenación de crisis. Es necesario, además, mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas, que están ya actuando como último garante de la continuidad del sistema productivo. Todo esto ayudará a impedir el contagio de los efectos de la crisis sanitaria a las cuentas públicas y a las áreas estratégicas de nuestras economías.
01.04.2020. Es curioso que, en estas circunstancias, el vicepresidente 2º del Gobierno, Pablo Iglesias, se dedique a tuitear el artículo 128 de la Constitución que subordina al interés general toda la riqueza nacional cualquiera que sea su titularidad y reconoce la iniciativa pública en la actividad económica, la posibilidad de que el sector público se reserve por ley recursos o servicios esenciales, así como la intervención de empresas por razones también de interés general.
30.03.2020. Esencialmente importa salvar vidas, pero después vendrá el gravísimo impacto del coronavirus sobre la economía y, a no tardar, otras consecuencias de orden político, cultural y social que todavía somos incapaces de anticipar con precisión. El coronavirus se fortalece como un agente de transformaciones radicales en el mundo. Si nos fijamos en España, es evidente que poco quedará de esa agenda compartida por el PSOE con la izquierda radical populista de Podemos. Tendremos que pensar con mucha más prudencia a qué dedicamos el dinero público, qué causas abrazamos, en qué debates nos adentramos y en qué políticos podemos confiar.
