No son pocos los que, aprovechando el temor y la angustia de los ciudadanos ante la pandemia del Coronavirus, van a querer vendernos recetas que se presentarán como soluciones sociales casi mágicas para configurar una sociedad futura desde una perspectiva marxista. Propugnarán un Estado benefactor y protagonista que sustituirá a la sociedad civil y acaparará no sólo el poder político sino los recursos económicos y los medios de comunicación y que, celoso de nuestra libertad, no nos dejará dar un paso sin que él lo permita, siempre para nuestra mejor protección. No otra cosa significa que Pablo Iglesias cite el artículo 128.1 de la Constitución.
No es poca cosa que desde que se celebraron las elecciones generales en diciembre de 2015, el Gobierno del PP consiguiera aprobar los Presupuestos Generales de 2017 y 2018 que Sánchez tuvo que asumir. Por lo demás, en cuatro años y medio en España se han celebrado cuatro elecciones generales, tres de los cuatro primeros partidos han sustituido a sus líderes, se han votado dos mociones de censura, la última con éxito para sus proponentes, hemos tenido durante diez meses un gobierno en funciones, una intentona secesionista en Cataluña y, sin reforma económica alguna, nuestra economía ha cerrado 2019 haciendo saltar los compromisos de déficit y metida en plena ralentización.
Desde el día 7 de marzo el Gobierno ha aprobado cuatro normas para responder al impacto económico del COVID-19. A pesar de esta avalancha legislativa, expresión de un Gobierno desbordado y desnortado, llama poderosamente la atención su resistencia a adoptar las medidas tributarias que la situación exige. Ni ajustes en favor de autónomos, ni de empresas, ni de contribuyentes individuales. El panorama apunta a la desolación. O el ejecutivo rectifica rápidamente y aprueba nuevas medidas o el infierno fiscal acabará por consumir buena parte de nuestra economía.
La prórroga del estado de alarma anticipada por el presidente del Gobierno no despeja, sino que agrava las dudas jurídicas y constitucionales sobre la idoneidad de este instrumento para hacer todo lo que el Gobierno está haciendo. No se discute ahora el acierto de las medidas, sino la habilitación constitucional para tomarlas
Estamos comenzando una grave crisis que tendrá un fuerte impacto en las cuentas del sector público por no haber aprovechado los años de crecimiento para completar su saneamiento. Sin incentivos fiscales como los que se han puesto en marcha en otros países, nos enfrentamos al riesgo de una destrucción masiva del tejido empresarial, sobre todo en lo que se refiere a autónomos y PYMES, y de una depresión de la demanda interna mayor de la que se produjo en la crisis anterior. Por desgracia, las medidas que el Gobierno ha aprobado estas semanas no invitan a la esperanza.
Los derechos de propiedad sobre los recursos pesqueros
Cuba hoy: la lenta muerte del castrismo. Con un preámbulo para españoles
Retos del trío de la Presidencia del Consejo de la UE
07.04.2020. No son pocos los que, aprovechando el temor y la angustia de los ciudadanos ante la pandemia del Coronavirus, van a querer vendernos recetas que se presentarán como soluciones sociales casi mágicas para configurar una sociedad futura desde una perspectiva marxista. Propugnarán un Estado benefactor y protagonista que sustituirá a la sociedad civil y acaparará no sólo el poder político sino los recursos económicos y los medios de comunicación y que, celoso de nuestra libertad, no nos dejará dar un paso sin que él lo permita, siempre para nuestra mejor protección. No otra cosa significa que Pablo Iglesias cite el artículo 128.1 de la Constitución.
07.04.2020. No es poca cosa que desde que se celebraron las elecciones generales en diciembre de 2015, el Gobierno del PP consiguiera aprobar los Presupuestos Generales de 2017 y 2018 que Sánchez tuvo que asumir. Por lo demás, en cuatro años y medio en España se han celebrado cuatro elecciones generales, tres de los cuatro primeros partidos han sustituido a sus líderes, se han votado dos mociones de censura, la última con éxito para sus proponentes, hemos tenido durante diez meses un gobierno en funciones, una intentona secesionista en Cataluña y, sin reforma económica alguna, nuestra economía ha cerrado 2019 haciendo saltar los compromisos de déficit y metida en plena ralentización.
06.04.2020. Desde el día 7 de marzo el Gobierno ha aprobado cuatro normas para responder al impacto económico del COVID-19. A pesar de esta avalancha legislativa, expresión de un Gobierno desbordado y desnortado, llama poderosamente la atención su resistencia a adoptar las medidas tributarias que la situación exige. Ni ajustes en favor de autónomos, ni de empresas, ni de contribuyentes individuales. El panorama apunta a la desolación. O el ejecutivo rectifica rápidamente y aprueba nuevas medidas o el infierno fiscal acabará por consumir buena parte de nuestra economía.
06.04.2020. La prórroga del estado de alarma anticipada por el presidente del Gobierno no despeja, sino que agrava las dudas jurídicas y constitucionales sobre la idoneidad de este instrumento para hacer todo lo que el Gobierno está haciendo. No se discute ahora el acierto de las medidas, sino la habilitación constitucional para tomarlas
06.04.2020. Estamos comenzando una grave crisis que tendrá un fuerte impacto en las cuentas del sector público por no haber aprovechado los años de crecimiento para completar su saneamiento. Sin incentivos fiscales como los que se han puesto en marcha en otros países, nos enfrentamos al riesgo de una destrucción masiva del tejido empresarial, sobre todo en lo que se refiere a autónomos y PYMES, y de una depresión de la demanda interna mayor de la que se produjo en la crisis anterior. Por desgracia, las medidas que el Gobierno ha aprobado estas semanas no invitan a la esperanza.
01.01.1996. Los derechos de propiedad sobre los recursos pesqueros
01.01.1995. Cuba hoy: la lenta muerte del castrismo. Con un preámbulo para españoles
