22/07/2016
La Comisión Europea ha dictaminado que España no ha tomado todas las medidas necesarias para reducir el déficit público, abriéndose así la vía a una posible multa que podría llegar a alcanzar los 2.2000 millones de euros, al tiempo que se podría suspender la recepción de parte de los fondos estructurales que actualmente percibe nuestro país. Sin embargo, es posible que no llegue a producirse la sanción o que sea muy reducida, ha indicado la profesora de la Universidad CEU San Pablo, Ana Cristina Mingorance, en el último Análisis FAES. Una vez que el Gobierno presente formalmente las propuestas solo quedará esperar a la decisión definitiva que adopte la Comisión el día 27 de julio.
“Aunque resulta casi imposible anticipar la decisión final sobre la sanción a nuestro país, es probable que finalmente se tengan en cuenta, los antecedentes sancionadores del PEC, prácticamente inexistentes pese al elevado número de incumplimientos, la situación política de nuestro país que se vería agravada con la aplicación de una sanción, e incluso los esfuerzos realizados al conseguir reducir el déficit en 5,3 puntos porcentuales entre 2012 y 2015. Si a estos hechos unimos una adecuada propuesta de reformas adicionales que trasladen a Europa el interés por cumplir con la disciplina fiscal, indispensable en la Unión Monetaria, especialmente cuando la viabilidad de Europa se encuentra en entredicho a causa del Brexit y la inestabilidad de los bancos italianos, es más que probable que la sanción se vea muy reducida y pueda incluso llegar a ser cero”, ha explicado Mingorance.
Entre las medidas anunciadas por el Gobierno hasta el momento destacan el aumento de la lucha contra el fraude fiscal; la introducción de un tipo mínimo en los pagos a cuenta del impuesto de sociedades; la menor carga de la deuda debido a la caída de tipos, y la reducción de los gastos al proponer el cierre de los presupuestos en este mes de julio.
“Las reformas impositivas, la creciente tendencia al envejecimiento demográfico, la devolución de la paga extra de Navidad a los funcionarios, y la inflación excesivamente baja e incluso negativa en algunos periodos, no han favorecido la satisfacción de los objetivos comprometidos”, ha señalado Mingorance. Además, añade que “la relajación del esfuerzo fiscal y el hecho de que siga existiendo un déficit estructural hacen que Bruselas vea difícil que España logre los objetivos en el 2016 o 2017” (1).
En cuanto a la situación de España frente al cumplimiento de la PEC a lo largo de los últimos años, “el inicio de la crisis marca un antes y un después” (2). Así, ha analizado que “durante el periodo de expansión España logró sanear sus cuentas y alcanzar incluso saldos presupuestarios positivos que se acompañaron de una constante reducción de la deuda pública. Sin embargo, la llegada de la crisis provocó un cambio absoluto en esta tendencia y el déficit llegó a alcanzar niveles de dos cifras”.
Ana Cristina Mingorance, Universidad CEU-San Pablo