Perú, independencia real e independencia formal

29/07/2013

Investigador del Navarra Center for International Development de la Universidad de Navarra y miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España

 

Los peruanos celebramos nuestra independencia enfrascados en mejorar la performance estatal. La construcción del Estado ha sido, desde el inicio de la República, una parte esencial de aquello que Jorge Basadre llamó “la promesa de la vida peruana”. El proceso de state-building, tumultuoso por definición, ha generado profundos desencuentros entre una sociedad emprendedora que se expande naturalmente y una política institucional ausentista, artificial e inoperante. El divorcio entre el país real y el país formal, glosado por los novecentistas peruanos a imagen y semejanza del regeneracionismo español, se ha prolongado a lo largo de estos dos siglos y aún hoy, a pesar del crecimiento espectacular que caracteriza al Perú, continúa siendo el gran reto al que deben enfrentarse los actores que aspiran a la reforma.

Construir un Estado eficaz y eficiente implica realizar una apuesta política por el control. Y el control está vinculado directamente con el principio de independencia. Controla el que es libre. La reforma del Estado peruano precisa de la implementación de la independencia en agencias de alto impacto. Para rechazar la interferencia política, el patronazgo y el clientelismo que caracterizan a un Estado patrimonialista, herencia de los populismos de izquierda y las autocracias de derecha, la independencia de los organismos de control debe materializarse en actos efectivos de enforcement legal. La ley, una estructura de incentivos sofisticada, sólo se cumple de forma imparcial cuando los órganos encargados de materializarla están protegidos por una independencia estructural que garantiza el equilibrio institucional que caracteriza a una sociedad abierta.

Este es el gran reto del Perú ante un aniversario más de su libertad política. Lograr que la independencia formal y externa se transforme, también, en una independencia funcional e interna. La democracia no es un conjunto inconexo de principios utópicos condenados a la desviación del populismo. La democracia puede y debe concretarse en modelos eficientes de control que garanticen la libertad. Si “el precio de la libertad es la eterna vigilancia”, como decía Thomas Jefferson, hace falta una independencia eficaz enraizada en el Estado de Derecho que evite la transformación del control republicano en una férula autoritaria. Este es el gran reto del Estado peruano: la gestión de una independencia que asegure el control. Modernizar el Estado implica asegurar la independencia de sus agencias de supervisión. De allí el fracaso del humanismo en la reforma de la administración pública. La inclusión que propone es una meta esquiva si su praxis está supeditada al hiperpresidencialismo. El problema se agrava, lamentablemente, si la esposa del presidente codirige el país.

 

(El 28 de julio de 1821 tuvo lugar la Declaración de Independencia del Perú)