El desafío a la Constitución no ha cesado. El mensaje del independentismo catalán es claro. Y ante un desafío contrastado, promovido por gente cuya capacidad para el disparate apenas conoce límites, es necesaria la disposición, la actitud y los medios para una respuesta adecuada desde el Estado. Para atajar el disparate, para prevenir la ilegalidad y para preservar la convivencia cívica, empezando por Cataluña, para evitar que sea irreversible el fracaso al que le condena el independentismo.

En los próximos días sabremos si este nuevo conflicto entre Israel y los palestinos derivará en una guerra o en una desescalada hacia un alto el fuego (aunque no hacia la paz). Por ahora se confirma lo que ya sabíamos: que los palestinos suelen ganar las guerras de la opinión pública, a pesar de que Hamás y Yihad Islámica son grupos terroristas, y que, contra las presiones internas y externas de cualquier tipo, el Estado de Israel nunca renunciará al derecho (y al deber) de la defensa armada de su población.

Un Gobierno puede acertar o equivocarse. Lo que no es aceptable es que abdique de su responsabilidad. Esto es lo que está ocurriendo con el caos jurídico que el Gobierno ha provocado deliberadamente, desoyendo todas las voces que pedían una solución legal, perfectamente viable, como alternativa al estado de alarma que acaba de decaer.

En el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, remitido por el Gobierno a la UE, se incluye la “paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante el establecimiento de un régimen transitorio, debido a que genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de renta (principalmente mujeres)”. Ante el revuelo provocado, la ministra de Economía ha afirmado que se trata de una errata. Es sorprendente que se pretenda reducir a errata una propuesta que afecta a 4,2 millones de personas, con un importe anual de 2.393 millones de euros, y que beneficia principalmente a los contribuyentes con menores ingresos y de edad avanzada.

Es evidente que ningún resultado es extrapolable al 100%, pero sería absurdo negar que las elecciones en Madrid marcan una inflexión en la política española en la que el Gobierno de Sánchez y su agrietada coalición salen seriamente debilitados mientras se refuerza el centro derecha en el que el PP afianza su hegemonía y su condición de alternativa de gobierno. El éxito de Isabel Díaz Ayuso lo es también de Pablo Casado.

“Hemos sentado las bases para que no vuelva a ocurrir algo similar”. Éstas son las conclusiones a las que ha llegado la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, después de que, según todas las informaciones publicadas, se hubiera pagado un rescate, en condiciones no reveladas, a una banda de piratas que habían secuestrado el pesquero español Playa de Bakio. Una vez más, Zapatero vuelve a equivocarse en su análisis de la realidad y constata que la cesión ante el chantaje de los criminales es su camino preferido para alejar las amenazas a la seguridad de España y de los españoles. Si el Gobierno ha pagado ?y hay fundadas sospechas de que ha pagado utilizando a agentes del CNI? eso sería un delito y una malversación de fondos públicos. Queda mucho por aclarar.

Los Acuerdos de Maastricht de 1991 definieron la futura Unión Monetaria como un área de estabilidad para lo que se establecieron condiciones estrictas de incorporación a los Estados miembros. Tales condiciones eran las siguientes: alto grado de estabilidad de precios, finanzas públicas en una situación sostenible, estabilidad cambiaria y niveles adecuados de tipos de interés a largo plazo. La convergencia hacia la senda de estabilidad quedaba confiada a la voluntad y a las decisiones de cada Estado miembro, si bien sometida a la supervisión de los organismos comunitarios. El reto para España en 1996 era fenomenal dado el estado de la economía y las cuentas públicas que heredaba el primer Gobierno del Partido Popular. Pocos confiaban en aquel entonces en la capacidad de España para superar el reto. Sin embargo, gracias a un fuerte liderazgo que confiaba en la capacidad de nuestra economía, se pudo hacer realidad en España en un tiempo récord la estabilidad económica y, con ella, entrar desde un primer momento y con todos los honores en la Unión Monetaria. España con el euro se situaba a la cabeza de Europa.

Las dos grandes formaciones políticas españolas coinciden en no reconocer la independencia de Kosovo, pero nuestras fuerzas siguen allí, violando la resolución del Consejo de Seguridad que justificó su envío y apoyando exactamente lo contrario de lo que el Congreso aprobó. ¿Respaldan acaso una secesión ilegal? Éste es otro ejemplo de incoherencia diplomática de un Gobierno con más prejuicios que programa, temeroso de ahondar en un aislamiento al que ha llegado tras cuatro años de política irresponsable.

El 11 de febrero de 2008 tuvo lugar la XII reunión del Observatorio Económico FAES, en conmemoración de su tercer aniversario. Intervinieron Juan Velarde, Alberto Recarte, Francisco Cabrillo, Roberto Centeno, Fernando Fernández, Luis de Guindos, Juan Iranzo, José Raga, Juan José Toribio, Joaquín Trigo y Manuel Pizarro. Jaime García- Legaz, secretario general de FAES, agradeció la labor realizada durante los tres años de andadura del Observatorio y destacó la valentía y honestidad intelectual del trabajo realizado. El Observatorio ha permitido ofrecer a la sociedad española un análisis independiente y certero de la situación económica. Los ponentes realizaron un repaso exhaustivo de la realidad económica internacional y analizaron sus posibles consecuencias para España. Todos los participantes coincidieron en subrayar la desaceleración en la economía mundial y las perspectivas negativas a corto plazo. En lo que respecta a la economía nacional se destacó la pérdida de impulso y, sobre todo, la necesidad imperiosa de una política económica diferente a la desarrollada por el Gobierno socialista en la última legislatura.

El desinterés por la economía por parte de Rodríguez Zapatero y la ausencia de peso político y espíritu reformista de Pedro Solbes han impedido durante los últimos cuatro años la articulación en España de una política económica digna de tal nombre. La actuación del vicepresidente económico se ha limitado a ejercer de mero contable de las cuentas del Reino para evitar los “zarpazos” de sus compañeros de Gabinete en el presupuesto público. En el actual contexto económico global la inacción es garantía de retraso y de empobrecimiento. Además, el rápido deterioro de la situación económica en España refleja también la toma de decisiones manifiestamente erróneas que han conducido a nuestra economía a una situación de especial vulnerabilidad. Ahora estamos pagando los españoles, especialmente los nuevos parados y aquellos obligados al cierre de sus negocios, la mala política del Gobierno socialista. Por fortuna, los españoles tenemos en nuestras manos la oportunidad de cambiar este devenir de las cosas. Entre 1996 y 2004 ya se demostró que sobre España no pesa ninguna maldición que nos impida progresar hasta lo más alto. Otra política económica es posible.

Acuerdo fiscal Gobierno-Podemos: obstáculo para el crecimiento y el empleo