Crear una renta mínima requiere una reflexión previa y rigurosa, un diseño técnico que genere seguridad y un amplio consenso político que garantice su permanencia. No se entiende la urgencia de aprobar un mecanismo permanente y estructural cuando podemos aunar solidaridad y prudencia. Sería más sencillo y eficaz consensuar inmediatamente un mecanismo temporal y crear un fondo contra la pobreza para sostener las rentas de los más damnificados por la crisis con una duración estipulada de un año. Las ayudas serían asistenciales y con una condicionalidad baja. Y se ligaría su percepción a una serie de objetivos.
Hay bastante de insensibilidad, sin duda involuntaria, cuando día tras día el incremento en el número de personas fallecidas por el coronavirus se califica indefectiblemente en los titulares como “ligero repunte”. Porque repunte a repunte, la semana que empezó con 399 víctimas, ayer ya registraba 440. Repunte a repunte. Dejemos la interpretación de los datos a los expertos, cuya credibilidad y la confianza que inspiren después de tantos días detrás del atril corresponde a cada cual valorar. Pero teniendo en cuenta el férreo confinamiento al que siguen sometidos los ciudadanos y la disciplina que están demostrando en su forma de conducirse en la pandemia, esos “ligeros repuntes” resultan preocupantes. Mientras tanto habría que pedir que alguien propusiera una forma...
Podemos realizar una valoración de los efectos previsibles de la crisis del COVID19 a través de los estudios del FMI y el Banco de España. Estos datos muestran que la economía mundial está inmersa en una crisis económica mucho más profunda que la de 2008 y que desgraciadamente España va a ser uno de los países europeos más perjudicados. Las cifras ponen de manifiesto los efectos tan negativos que ha tenido no haber aprovechado los años de crecimiento para sanear las cuentas públicas y que las medidas aprobadas por el Gobierno a lo largo de estas semanas, todavía no sabemos a partir de qué previsiones, resultan claramente insuficientes.
El presidente del Gobierno acaba de obtener por tercera vez la autorización crítica –con el socorro leal del principal partido de la oposición– del Congreso de los Diputados para prolongar el estado de alarma en España. Ello significa la continuidad quince días más de las medidas de confinamiento de la población, del cierre de comercios y del recorte de algunas de nuestras libertades en pro de la máxima contención del coronavirus en nuestro país (con la excepción del controvertido paseo de los niños permitido a partir del próximo 27 de abril). Esta nueva prórroga nos llevaría ya, según Sánchez, al horizonte de la siguiente fase, la desescalada, y a una paulatina vuelta a la normalidad que –apunta– podría empezar a mediados del mes de mayo.
El mismo día en que se entrevistaron Pedro Sánchez y Pablo Casado, las fuentes habituales del Gobierno a través de sus medios habituales se emplearon a fondo para dejar claro que la coalición de los socialistas con Podemos estaba “blindada”. En consecuencia, que nadie pensara que esta coalición -en otro tiempo la coalición del insomnio para Sánchez- iba a sufrir mella alguna por la crisis sanitaria, económica y social que estamos atravesando y mucho menos iba a quedar afectada por el diálogo con el PP.
En una Europa ensimismada en sus retos internos, el impacto de la pandemia del coronavirus ha provocado cambios profundos de manera demasiado rápida. Hemos visto el paso adelante dado por las instituciones y los Estados miembros para aprobar un Plan de inversiones y Recuperación y el posicionamiento claro en dos bloques que, a pesar de las diferencias, acordaron la intervención de la UE para propiciar la reforma europea las siguientes décadas, basado en el “Pacto Verde”, la digitalización y la fiscalidad de Internet.
En las horas más oscuras de un país, sus órganos rectores han de estar más activos que nunca, y está fuera de toda duda que la pandemia mundial del Covid-19 constituye un presupuesto evidente para acudir al Derecho de excepción. El Derecho no es la solución a la crisis. Pero el Derecho, en cuanto ordenador de las actuaciones, instrumento de previsión y encauzamiento de la crisis, tiene un importante papel que jugar en estos días terribles.
27.04.2020. Crear una renta mínima requiere una reflexión previa y rigurosa, un diseño técnico que genere seguridad y un amplio consenso político que garantice su permanencia. No se entiende la urgencia de aprobar un mecanismo permanente y estructural cuando podemos aunar solidaridad y prudencia. Sería más sencillo y eficaz consensuar inmediatamente un mecanismo temporal y crear un fondo contra la pobreza para sostener las rentas de los más damnificados por la crisis con una duración estipulada de un año. Las ayudas serían asistenciales y con una condicionalidad baja. Y se ligaría su percepción a una serie de objetivos.
24.04.2020. Hay bastante de insensibilidad, sin duda involuntaria, cuando día tras día el incremento en el número de personas fallecidas por el coronavirus se califica indefectiblemente en los titulares como “ligero repunte”. Porque repunte a repunte, la semana que empezó con 399 víctimas, ayer ya registraba 440. Repunte a repunte. Dejemos la interpretación de los datos a los expertos, cuya credibilidad y la confianza que inspiren después de tantos días detrás del atril corresponde a cada cual valorar. Pero teniendo en cuenta el férreo confinamiento al que siguen sometidos los ciudadanos y la disciplina que están demostrando en su forma de conducirse en la pandemia, esos “ligeros repuntes” resultan preocupantes. Mientras tanto habría que pedir que alguien propusiera una forma...
23.04.2020. Podemos realizar una valoración de los efectos previsibles de la crisis del COVID19 a través de los estudios del FMI y el Banco de España. Estos datos muestran que la economía mundial está inmersa en una crisis económica mucho más profunda que la de 2008 y que desgraciadamente España va a ser uno de los países europeos más perjudicados. Las cifras ponen de manifiesto los efectos tan negativos que ha tenido no haber aprovechado los años de crecimiento para sanear las cuentas públicas y que las medidas aprobadas por el Gobierno a lo largo de estas semanas, todavía no sabemos a partir de qué previsiones, resultan claramente insuficientes.
23.04.2020. El presidente del Gobierno acaba de obtener por tercera vez la autorización crítica –con el socorro leal del principal partido de la oposición– del Congreso de los Diputados para prolongar el estado de alarma en España. Ello significa la continuidad quince días más de las medidas de confinamiento de la población, del cierre de comercios y del recorte de algunas de nuestras libertades en pro de la máxima contención del coronavirus en nuestro país (con la excepción del controvertido paseo de los niños permitido a partir del próximo 27 de abril). Esta nueva prórroga nos llevaría ya, según Sánchez, al horizonte de la siguiente fase, la desescalada, y a una paulatina vuelta a la normalidad que –apunta– podría empezar a mediados del mes de mayo.
22.04.2020. El mismo día en que se entrevistaron Pedro Sánchez y Pablo Casado, las fuentes habituales del Gobierno a través de sus medios habituales se emplearon a fondo para dejar claro que la coalición de los socialistas con Podemos estaba “blindada”. En consecuencia, que nadie pensara que esta coalición -en otro tiempo la coalición del insomnio para Sánchez- iba a sufrir mella alguna por la crisis sanitaria, económica y social que estamos atravesando y mucho menos iba a quedar afectada por el diálogo con el PP.
30.10.2020. En una Europa ensimismada en sus retos internos, el impacto de la pandemia del coronavirus ha provocado cambios profundos de manera demasiado rápida. Hemos visto el paso adelante dado por las instituciones y los Estados miembros para aprobar un Plan de inversiones y Recuperación y el posicionamiento claro en dos bloques que, a pesar de las diferencias, acordaron la intervención de la UE para propiciar la reforma europea las siguientes décadas, basado en el “Pacto Verde”, la digitalización y la fiscalidad de Internet.
23.03.2020. En las horas más oscuras de un país, sus órganos rectores han de estar más activos que nunca, y está fuera de toda duda que la pandemia mundial del Covid-19 constituye un presupuesto evidente para acudir al Derecho de excepción. El Derecho no es la solución a la crisis. Pero el Derecho, en cuanto ordenador de las actuaciones, instrumento de previsión y encauzamiento de la crisis, tiene un importante papel que jugar en estos días terribles.
